Amnistía
Internacional (AI) reclamó este viernes al gobierno español que
suspenda "de forma inmediata" la venta de armas ligeras y
material antidisturbios a Perú, al considerar que podría servir para
reprimir las protestas que comenzaron el pasado 7 de diciembre y que
se han saldado con al menos 41 muertos.
En un comunicado, AI advirtió al Ejecutivo español de que existe un alto riesgo
de que tanto las fuerzas armadas como la Policía peruana usen el
material antidisturbios, armas pequeñas y ligeras y munición para cometer "graves
violaciones de los derechos humanos".
Por ello, demandó
que suspenda "con carácter inmediato" cualquier nueva autorización o
envío a Perú de este tipo de material, ya que desde hace cinco años España es
el principal suministrador de armas a Perú en la Unión Europea.
Esta organización cifra en 184 millones de euros las autorizaciones de
licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022, de los que cerca de 40
millones eran de material antidisturbios.
En cuanto a las exportaciones en ese mismo periodo, Amnistía destaca las ventas
de 4.7 millones de euros en armas ligeras, munición por valor de 2.4 millones y
cerca de 1 millón en material antidisturbios.
AI ha pedido por
carta la suspensión de estas exportaciones a la secretaria de Estado de
Comercio en España, Xiana Margarida Méndez, que preside además la entidad
estatal que regula la venta de armas.
La carta solicita que se revoquen las autorizaciones de material letal y
antidisturbios no ejecutadas, de acuerdo con el tratado internacional sobre Comercio
de Armas que obliga a no autorizar exportaciones cuando existe un riesgo
sustancial de uso para cometer o facilitar violaciones graves de derechos
humanos.
La organización pide que se mantenga esta medida hasta que "los
responsables de violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército y la
Policía peruanos sean procesados y las fuerzas de seguridad reciban una
formación que les permita usar este material según las normas internacionales sobre
el uso de la fuerza".
La crisis en Perú se desencadenó el pasado 7 de diciembre, cuando el entonces
presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y
luego detenido después de que anunciara la disolución del Legislativo, tras lo
que asumió el poder la vicepresidenta Dina Boluarte.
