LIMA, Perú – Las calles, hoteles y restaurantes alrededor de
las ruinas de Machu Picchu , la atracción turística más famosa de Perú,
permanecían casi desiertas el miércoles, con el servicio de tren a la zona
cancelado en medio de una protesta de una semana por la subcontratación de la
venta de boletos de entrada a un empresa privada.
Las pequeñas empresas y los trabajadores del sector
turístico temen que el nuevo sistema de emisión de boletos impuesto por el
gobierno de Perú hace 10 días los perjudique y beneficie a las grandes
empresas, y sus protestas han reducido la llegada de visitantes a un mínimo.
"Esto parece la época de la pandemia de COVID-19, casi
no se ve gente", dijo Roger Monzón, empleado del hotel Inkas Land en el
distrito de Machu Picchu, un edificio de 18 habitaciones que actualmente
alberga sólo a dos turistas de Portugal.
El servicio de trenes a la zona fue suspendido el viernes
por la noche hasta nuevo aviso, por lo que los pocos turistas que persisten en
ir, la mayoría jóvenes, salen de la ciudad andina de Cusco en autos que los
llevan a 210 kilómetros hasta una central hidroeléctrica. Desde allí caminan
dos horas hasta llegar al distrito de Machu Picchu, donde descansan. Luego
tienen que caminar hasta la ciudadela de piedra durante 2 horas y media.
Las protestas, que comenzaron el 24 de enero, responden a la
decisión del gobierno de subcontratar la venta de boletos para ingresar al
recinto de Machu Picchu a Joinnus, una plataforma virtual de venta de boletos
propiedad de uno de los grupos económicos más ricos del Perú.
Anteriormente, los boletos a Machu Picchu eran manejados por
un portal en línea de una entidad estatal que opera desde Cuzco.
El gobierno dice que el uso de la plataforma privada busca
una venta transparente de boletos. Dice que en 2023 se detectó un mercado de
venta de boletos no registrados que había causado una pérdida de $1,8 millones
por boletos no reportados por las oficinas estatales.
Los trabajadores del turismo y los pequeños operadores
turísticos dicen que no confían en el nuevo sistema, alegando que favorecerá a
los grandes operadores turísticos en detrimento de la libre competencia y de
los pequeños empresarios.
Dicen que no existe una forma legal de garantizar la
confidencialidad de los datos personales que la plataforma Joinnus obtiene de
los turistas: números de teléfono, correos electrónicos y fecha de visita a la
ciudadela. Les preocupa que la información pueda transferirse a grandes
empresas turísticas que luego podrían ofrecer alojamiento, comida y servicios
de traslado a los turistas con antelación, dándoles una ventaja sobre los
operadores más pequeños.
