Hermosillo, Sonora.- Bajo la premisa de representar a todas las personas por
igual, el Congreso de Sonora aprobó emitir convocatoria dirigida a personas con
discapacidad, residentes en la entidad, con el objeto de llevar a cabo el
Primer Parlamento para la Inclusión de Personas con Discapacidad.
Esta iniciativa
surgió a raíz de la propuesta que hicieron el pasado 5 de abril la diputada
Beatriz Cota Ponce (Nueva Alianza) y el diputado Ricardo Lugo Moreno (Morena),
con el propósito de establecer en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el
Parlamento para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el fin de
crear un espacio de interacción entre este grupo social y el Congreso local.
La idea es conocer
sus necesidades, preocupaciones y, a
partir de ahí, construir una agenda legislativa a través de la cual se apoye a
este sector, reconocido como “la minoría más amplia del mundo” que,
desafortunadamente, en algunas ocasiones es ignorada, expresó la diputada
Sagrario Montaño Palomares (PAN), a nombre de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables de la Sociedad.
Agregó que el
Congreso local es un espacio abierto y de inclusión para todas y todos los
sonorenses, por lo cual se les dará voz a 33 personas con discapacidad en una
sesión del pleno, el próximo mes de diciembre, en la que se espera que
presenten sus necesidades, propuestas, proyectos, anhelos y, a partir de ahí,
construir una agenda legislativa que promueva la igualdad de oportunidades.
La convocatoria se encuentra
disponible en la página web del Congreso de Sonora: www.congresoson.gob.mx
En esta sesión
ordinaria, la asamblea aprobó el decreto para reformar y adicionar la Ley que
crea el Centro de Conciliación Laboral (CCL) estatal, en relación a los
requisitos para encabezar la dirección del centro y la integración de su junta
directiva, dio a conocer el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza (PT), a
nombre de la Comisión de Asuntos del Trabajo.
La modificación de
los requisitos, explicó el legislador, tiene como finalidad subsanar vicios
legales que se observan en dicho precepto, derivados de una acción de
inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
